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¿Qué es la AFI?

Los abogados hablan raro. Los jueces escriben en latín. Las leyes que debemos obedecer son incomprensibles para quien no domina la jerga. Los procesos judiciales son laberintos borgeanos. Grandes lujos de la profesión que acapara el acceso a la justicia (casi nada se puede hacer en los tribunales sin pagar un abogado) y de una de las instituciones públicas menos creíbles (80% de los ciudadanos tienen poca o ninguna confianza en el Poder Judicial).

Open Justice viene a simplificar lo que siempre nos preguntamos y no entendemos sobre ese mundo oscuro en el que se definen los límites de nuestros derechos.

La AFI es la Agencia Federal de Inteligenciaque se supone se dedica a recopilar, sistematizar y analizar información relacionada con riesgos y amenazas a la seguridad externa e interna de Argentina. Es la sucesora de la famosa SIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, que pasó a llamarse SI (Secretaría de Inteligencia) en 2001.

La SIDE históricamente se ha dedicado a extorsionar, a robar, a comprar jueces, políticos, periodistas, a armar y desarmar causas, a financiar ilegalmente campañas políticas, a pagar aguinaldos, incluso a encubrir un atentado terrorista (la AMIA).

Los fondos reservados, creados por dos decretos secretos de la autodenominada Revolución Libertadora de 1955 y 1956, fueron clave para ello. Desde entonces hasta finales de 2001 no hubo ningún tipo de control sobre estos fondos. Ese año, en medio del escándalo de sobornos en el Senado, cuando el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, fue acusado de usar fondos de la SIDE para comprar el voto de un grupo de senadores peronistas para aprobar la ley de flexibilización laboral solicitada por el FMI para otorgar un préstamo, la inteligencia se modificó la ley.

Con la nueva ley, la SIDE pasó a llamarse SI. Además, se le prohibió intervenir en tareas represivas y, salvo requerimiento de autoridades judiciales, en asuntos policiales o investigaciones criminales; obtener información de personas por motivos políticos, religiosos, etc.; e influir en la vida institucional, política y económica del país, entre otros. La excepción que permitía al organismo colaborar con la Justicia en materia policial o investigaciones criminales fue clave, porque, como sabemos, ahí es donde se corta el bacalao.

La ley de 2001 también creó una Comisión Bicameral en el Congreso con facultades para controlar los gastos reservados e intervenir en una consulta no vinculante sobre la designación del titular del organismo. Sin embargo, estableció que el acceso a la información clasificada depende de lo que decida el propio Poder Ejecutivo. ¡Gran control! La Comisión comenzó a operar recién en 2004 y todo lo que hace es secreto.

Ese mismo año, en 2004, le pidieron la renuncia al entonces ministro de Justicia de Kirchner y actual secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz por denunciar las maniobras ilegales de la SIDE con el Gobierno. Quien le dio la noticia fue Alberto Fernández. Al día siguiente, en el programa de Mariano Grondona, Béliz mostró la foto del famoso espía Antonio “Jaime” Stiuso, le iniciaron una causa por violación de secretos de Estado, recibió amenazas y fue exiliado del país.

Apenas 10 años después, en diciembre de 2014, cuando Cristina Fernández perdió el control de la SIDE de cara a las elecciones presidenciales del año siguiente, la decapitó y echó a Stiuso. En marzo de 2015, dos meses después de la muerte del fiscal federal Alberto Nisman y 10 años después de que Argentina se comprometiera con los familiares de las víctimas de la AMIA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a transparentar el destino de estos fondos que se habían destinado a encubrir el ataque, la ley fue enmendada.

Fue así como se creó la AFI, se estableció la designación de su director y subdirector con acuerdo del Senado y se trasladaron las escuchas telefónicas a la Fiscalía General de la Nación: la famosa “Ojota”, por las siglas de la Dirección de Judicial Observaciones que funcionó en la empresa pública de telecomunicaciones Entel hasta que en 1992, con la privatización, Carlos Menem la puso bajo la órbita de la SIDE, abriendo la puerta a relaciones espurias con el Poder Judicial.

La nueva ley de 2015 también limitó el uso de fondos reservados para actividades de inteligencia y dispuso el registro y la documentación de todos los gastos, reservados o no. Hasta entonces todo estaba reservado, incluida la compra de papel.

Casi nada más asumir el cargo, el 29 de diciembre de 2015, Mauricio Macri trasladó las escuchas telefónicas a la Corte Suprema mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Unos meses después, en marzo de 2016, derogó el decreto que establecía límites y mayor transparencia para los gastos reservados. Los escándalos por inteligencia ilegal y causas armadas se airean hoy en múltiples expedientes judiciales.

Alberto Fernández recuperó las disposiciones sobre limitación y transparencia de fondos, la AFI intervino y reformó la ley de 2015 por el DNU para eliminar esa excepción que permitía a los servicios de inteligencia colaborar con la Justicia en investigaciones criminales.

Las reformas sustantivas (fortalecer y transparentar el control legislativo, brindar mecanismos de vigilancia ciudadana a través de una Defensoría del Pueblo, desconcentrar las distintas labores de inteligencia, eliminar la oficina de escuchas telefónicas para que el Poder Judicial las requiera directamente a las empresas, profesionalizar el personal, reducir los fondos reservados, etc. .) aún están pendientes.

Y mientras tanto, la guerra de espionaje continúa.

LECTURA SEGURA:

¿Cómo se eligen los jueces?
¿La Oficina Anticorrupción sirve para algo?

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