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Fallo de la Corte contra el Gobierno: tendrá que pagar 1.000 millones de pesos por la expropiación de Ciccone, un caso emblema del kirchnerismo

Magistrados de la Corte Suprema
Magistrados de la Corte Suprema

los Corte Suprema de Justicia rechazó una serie de recursos presentados por el Estado Nacional y la AFIP, en el marco de la causa abierta por la quiebra de la ex Ciccone calcográfico. Así, la Corte sostuvo que el Estado debe indemnizar a los acreedores de la firma que imprimió las facturas por la expropiación que el Estado decidió en 2013 durante la gestión del kircherismo. Se estima que rondaría los mil millones de pesos.

El nombre Ciccone tiene una importancia significativa para el kirchnerismo. Ex vicepresidente Amado Boudou fue condenado por negociaciones incompatibles con la función pública del Estado y cohecho en el marco del capítulo Ciccone, en sentencia confirmada por la Corte Suprema en 2020. En ese caso se estableció que la entonces ministra de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, junto con con otros cómplices, trazó un plan para apoderarse de la antigua imprenta Ciccone Calcogràfica y así obtener contratos con el Estado para la impresión de billetes y documentación oficial. Allí aparecía el nombre de la firma The Old Fund, cuya cara visible era Alejandro Vandenbroelemás tarde se arrepintió.

Apenas estalló ese escándalo en 2012, el oficialismo impulsó y convirtió en ley una expropiación de la firma, que ya se llamaba Compañía Sudamericana de Valores. la declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación. Para la oposición, esa ley era una intento de salvar a la compañera de fórmula de Cristina Kirchner cuando las acusaciones comenzaban a crecer en Comodoro Py.

En 2013, el Congreso decidió por ley la expropiación de la empresa para ser entregada a la Casa de la Moneda. Usualmente, en estas circunstancias, el Estado compra el inmueble al expropiado, pero en este caso se decidió que ese pago no se haría en dinero y que esta operación se liquidaría descontando las deudas que la firma tenía con la AFIP. Según lo pactado, mediante un convenio entre la AFIP y el Ministerio de Economía, la indemnización por expropiación sería de $275.724.618 y ese monto sería compensado con la deuda tributaria registrada por la fallida.

Amado Boudou en el juicio en su contra (Reuters)
Amado Boudou en el juicio en su contra (Reuters)

Sin embargo, el síndico en el concurso preventivo de Compañía de Valores Sudamericana SA (ex Ciccone Calcografica SA) llevó el caso a los tribunales. Tanto en primera instancia como en la Cámara Nacional de Comercio, la inconstitucionalidad parcial del art. 3 de la Ley 26.761, del art. 4 del decreto 252/2013 y cláusula 6 del Acuerdo de Transacción.

Allí se sostuvo que “más allá de la finalidad de orden público o bien público que persigue la Ley 26.761, no bastaban para impedir un juicio sobre su validez constitucional y que no se cuestionaba la calificación de utilidad pública hecha en la referida ley. ley, recordó que en los procesos de expropiación el concepto de indemnización era más amplio que el de ‘precio’ ya que consistía en pagar el equivalente económico del bien del que se priva al expropiado, incluida la reparación del daño”. Y que el medio de pago, en ese supuesto, era el “dinero” por ser oficialmente la medida de los valores, criterio previsto en el art. 12 de la ley de expropiaciones 21.499.

Es que, según dicha sentencia, “la compensación -como sustitución del bien expropiado por su equivalente en dinero- no constituía un crédito entregado a las leyes ordinarias, sino una garantía constitucional indisolublemente ligada a la prohibición de confiscar bienes”. Y aunque era posible, por excepción, no pagar en efectivo, eso debía tener el aval del expropiado. Como el síndico concursal no había accedido, aquí sólo correspondía la entrega de dinero.

Esto fue apelado tanto por el Estado Nacional como por la AFIP. Hablaron de arbitrariedad y gravedad institucional. Pero élLa Corte Suprema, de conformidad con la sentencia del Ministerio Público, desestimó tanto los recursos extraordinarios del Estado Nacional y de la AFIP, como el recurso del Estado Nacional, y admitió el recurso extraordinario del síndico.

Según el fallo firmado por los jueces Agenda Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, las exposiciones del Estado no contenían una “crítica concreta y razonada de todos y cada uno de los argumentos” de la sentencia firmada por la Sala en lo Comercial y sólo se limitaron a resaltar la disconformidad con la resolución y su fundamento no había sido refutado por los recurrentes. Por el contrario, el Tribunal Supremo admitió el recurso extraordinario de la unión concursal y anuló la sentencia “por haber fijado un tipo de interés del 6% anual sobre el importe de la indemnización expropiatoria”.

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