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Si bien todo indica que el próximo miércoles avanzará un caso clave que se vio empañado por las presiones políticas y gremiales que llevaron al juez de San Nicolás, María Eugenia Maizteguipara solicitar una licencia por estrés, tanto el magistrado como el fiscal María del Valle Viviani, que solicitó la prisión preventiva de dos sindicalistas de camioneros – Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola – detenidos por presunta extorsión a un empresario, recibió el apoyo de distintas organizaciones, entre las que se encuentran la Asociación Argentina de Fiscales (AAF) y el Sociedad Rural de San Pedro.
En apoyo a Maiztegui y Viviani, la AAF, que preside Marcelo Varona Quintián, consideró que la solicitud del kirchnerista Leopoldo Moreau, presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, “es un deterioro de la independencia de los fiscales con motivo de los procesos en los que deban intervenir”. Asimismo, advirtió que no surge de la Ley de Inteligencia Nacional, invocada en su solicitud por el funcionario kirchnerista para fundamentar su pedido, “ninguna facultad expresa o tácita que autorice a un legislador nacional a intervenir de manera que se viole el mecanismo procesal expresamente previsto en la ley provincial y, además, controlar la actuación de los magistrados en las causas que tramiten, más aún cuando la función de la Comisión Bicameral de Inteligencia supervisa y sólo se ejerce sobre los organismos del Sistema Nacional de Inteligencia, quien deberá proporcionar la información solicitada por la Comisión”.
En su declaración, los fiscales argumentan que la solicitud de Moreau “no se puede satisfacer por varias razones”, incluso lo que establezca la ley del Ministerio Público. La organización, de este modo, se refiere a la solicitud de Moreau de acceder al caso “durante la etapa de investigación por parte de miembros de otro poder”, que “Se trata ni más ni menos que de airear y adelantar todas las hipótesis de investigación” Para complicar la causa
“Si aceptamos la práctica intrusiva en la labor fiscal que se pretende, implicaría en los hechos que la mera referencia ante una comisión en sede legislativa permitiría una especie de caso paralelo, sin juez ni fiscal, sin garantías y sin jurisdicción, que dejaría a la población a la suerte de comisiones especiales de enjuiciamiento prohibidas por nuestra Constitución Nacional en su artículo 18″, afirmó la entidad dirigida por Quintiano.
De igual forma, la Sociedad Rural de San Pedro expresó sus discrepancias con la solicitud de Moreau de inmiscuirse en el caso en el que están detenidos los líderes de Hugo Moyano. “Vemos con preocupación y mucho temor estos movimientos en los que líderes políticos vinculados al gobierno se dedican a interceder a favor de los sindicalistasen lugar de dedicar su tiempo a sacar a todos los argentinos de esta enorme crisis”, analizó ayer la entidad a través de un comunicado de prensa.
Por su parte, la abogada florencia arieto, quien representa a la familia Rey, dueña de la empresa San Pedro que fue bloqueada por el sindicato de Moyano, anticipó que la próxima semana se presentará en los juzgados de Comodoro Py una denuncia contra Moreau por obstrucción a la justicia, coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público porque “intenta interferir en una investigación” y “forma parte de una Comisión Bicameral, que debe tener mayoría opositora, para controlar los actuales servicios de inteligencia y no los hechos que sucedieron antes, que un juez tiene que investigar”.
También denunció que el legislador kirchnerista “es sacar confesiones extrajudiciales en esa comisión parlamentaria para que luego puedan ser utilizadas en procesos penales contra estas personas, la mayoría de la oposición y, por tanto, eso se llama coacción ilegal”.
El miércoles pasado, Moreau solicitó formalmente al juez Maiztegui la entrega un archivo reservado del expediente en el que procesó jinetejefe de la sucursal San Nicolás de Camioneros, ya espíndola, líder de San Pedro. Pero desde la entidad rural consideraron dicha petición como “un flagrante acto de intimidación” contra el juez Maiztegui, la fiscal Viviani y “contra quienes vienen trabajando con mucho empeño en esta denuncia”.
El pasado lunes, en rueda de prensa, Hugo Moyano afirmo que “este procedimiento es una clara causa de lawfare” y acusó a la Justicia de actuar en connivencia con “intereses políticos” por “perseguir” al gremio. Y agregó: “Todo lo que nos viene pasando, y le pasa a la dirección sindical en general ya los trabajadores en particular, es una maniobra judicial”.
Ahora, producto del período de licencia en el que ingresó la jueza Maiztegui, su reemplazo en el caso es la jueza parodia romana, quien tiene cuatro dias para decidir dictar o no la prisión preventiva de Cabaleyro y Espíndola, los dos dirigentes del Sindicato de Camioneros detenidos en San Nicolás por el bloqueo a la empresa de la familia Rey.
En San Nicolás, Parodi, titular del Juzgado de Garantías N° 1 desde abril de 2019, tiene fama de magistrado “objetivo” y quienes lo conocen aseguran que “No se dejará exprimir”. Con muchos años en la carrera judicial, anteriormente fue secretario del Juzgado de Responsabilidad Penal de Menores.
Este jueves, parodia encabezó la audiencia programada, en la que estuvieron Cabaleyro y Espíndola notificado sobre las acusaciones que recibieron y tanto los denunciantes como los defensores pudieron presentar sus argumentos.
abogados sindicales Pidieron al juez ser liberados directamente, que les colocaran una pulsera electrónica en el tobillo o que pagaran una fianza, mientras que Arietto solicitó que se confirme la prisión preventiva y aseguró que el motivo por el cual están detenidos es “un sistema coordinado por el Sindicato de Camioneros que dirige Hugo Moyano” y son liberados “Es muy posible que entorpezcan el trabajo de la Justicia o amenacen a los testigos en un juicio oral”.
Curiosamente, según versiones, los defensores de Cabaleyro y Espíndola no cuestionaron la calificación de extorsión por lo que se les cobra y solo hicieron referencia a la necesidad de ser liberados porque las cárceles están desbordadas y los líderes tienen fuertes raíces en la ciudad.
Mientras Pablo Moiano, subsecretario del Sindicato de Camioneros de Capital y Buenos Aires, estuvo este jueves en San Nicolás al frente de unos 100 Manifestantes en apoyo a los líderes detenidos..
El alcalde de San Nicolás, Manuel Pasagliade Juntos por el Cambio, volvió a tomar una postura dura contra el Sindicato de Camioneros por la presión ejercida contra el juez: “Primero querían tomar como rehén a la ciudad y no pudieron. Ahora van por la justicia, con la complicidad del Gobierno. Todo para garantizar la impunidad de dos referentes de Moyano. Argentina no tiene futuro por este camino”. señaló en su cuenta de Twitter.
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