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Walter Bento, el juez federal de Mendoza procesado por pedir coimas, sumó otra orden de detención

Walter Bento, juez federal de Mendoza (NA)
Walter Bento, juez federal de Mendoza (NA)

Walter Bento, El juez federal de Mendoza, quien está a cargo de los procesos electorales en esa provincia, se convirtió en el foco del debate en los tribunales: ocupa su cargo en el tribunal, al tener una acusación confirmada como jefe de una asociación ilícita que cometió cohecho delitos patrimoniales, blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito, entre otros. Le pesa una orden de aprehensión que no se ejecuta por sus fueros. Pero ahora sumó una nueva solicitud de captura luego de que la justicia mendocina lo acusara de más delitos por tráfico de influencias a favor de un amigo empresario que tenía deudas con la AFIP.

La querella en su contra en el Consejo de la Judicatura, con pedido de amparo incluido, no avanza. Los pasillos de ese organismo indican que el kirchnerismo lo protege. Con la llegada del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti ante ese organismo, los directores por unanimidad sólo firmaron su expulsión de un concurso. Es que Bento pretendía competir para ser miembro de la Cámara Federal de Casación Penal.

“No tengo nada que ver con todo esto que me atribuyen: con nadie ni con nada. Tengo que demostrar que soy inocente”, dijo Bento desde su puesto, en entrevistas que concedió a medios mendocinos, mientras hablaba de pruebas fabricadas en su contra.

El caso

Walter Bento asumió como titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza con competencia electoral en septiembre de 2006, luego de una contienda. El tribunal estaba vacante desde 2002 cuando el entonces juez federal Luis Leiva fue destituido, luego de que el fallecido banquero Raúl Moneta denunciara que el magistrado le había pedido un soborno.

Católico, hincha de Boca y coleccionista de lechuzas, Bento fue designado durante el gobierno de Néstor Kirchner, con el aval del histórico operador del peronismo mendocino Juan Carlos “Chueco” Mazzón. En 2011 realizó un estrepitoso allanamiento con Gendarmería en Cablevisión, en pleno conflicto entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín. En ese momento, la Corte Suprema anuló su intervención y Bento enfrentó una denuncia en el Consejo de la Magistratura que terminó desestimada por el aval al kirchnerismo.

Ahora, su actuación volvió a ser el centro de atención. En marzo de 2020, el fiscal general Dante Vega estaba investigando un caso de narcotráfico y encontró información que llegó al juez. De la investigación de los teléfonos surgieron numerosos mensajes de texto y de voz aludiendo al “juez”, al “número 1” o al “gran jefe”, en supuesta referencia al magistrado ahora procesado. A ello se sumaron las declaraciones de Diego Barrera, principal imputado por el secuestro y asesinato del empresario y agente de Aduana Diego Aliaga, vecino del juez y quien habría actuado en representación del magistrado.

Según la sentencia emitida en Mendoza, Bento encabezó una organización ilícita en la que habría operado con la asistencia de los abogados Luciano Edgardo Ortego y Jaime Andrés Alba junto al fallecido Diego Aliaga para realizar un mecanismo delictivo a través del cual se ofrecían beneficios procesales. para el pago de regalos.

A estos últimos, se suman también los abogados Martín Ríos y Alejandro Aramayo, encargados de asistir a Ortego y Alba; Walter Eduardo Bardinella Donoso, quien se presentó como el contacto con el mundo criminal y proveedor de posibles “clientes”, y el comisario José Gabriel Moschetti, quien ofrecería un canal de información y cobertura en el ámbito policial.

Entre los procesados ​​por haber pagado para obtener beneficios, se encuentran los acusados ​​de contrabando y narcotráfico, delitos de competencia de la justicia federal y en cuyos casos estuvo involucrado Bento. Según esa acusación, bajo el liderazgo de Bento, estas personas habrían desplegado maniobras para beneficiar ilegalmente a determinados imputados, previo pago de sobornos.

Los bienes del juez fueron inhibidos y tiene un embargo por 327 millones de pesos que también recae sobre su esposa Marta Boiza, también de carrera judicial. Precisamente, la fiscalía sostiene que desde 2010 la situación patrimonial del juez aumentó notablemente: compra de inmuebles, automóviles, participación en fideicomisos inmobiliarios y realización de más de 200 viajes a distintas ciudades de Estados Unidos en una década. En las últimas horas se difundieron diferentes fotografías de sus viajes por Las Vegas en limusina.

Ayer, el juez federal de San Rafael Eduardo Puigdéngolas, quien interviene en este caso, imputó a Bento por nuevos delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, prevaricación y abuso de autoridad, como en una causa a favor de un narcotraficante y otro, por tráfico de influencias a favor de un empresario amigo de su familia que tenía una deuda tributaria con la AFIP y Rentas.

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