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Denunciaron por extorsión a dirigentes del Polo Obrero por quedarse con el 2% de los haberes que reciben los beneficiarios del Potenciar Trabajo

La OP cuenta con unos 60.000 afiliados que son beneficiarios del Programa Fomento al Trabajo (Franco Fafasuli)
La OP cuenta con unos 60.000 afiliados que son beneficiarios del Programa Fomento al Trabajo (Franco Fafasuli)

fiscal federal william marihuana Denuncio al legislador bonaerense gabrielsolano del Partido de los Trabajadores Eduardo Bellibonilíder del Polo Obrero (PO) por los presuntos delitos de amenaza y extorsión porque “Obligaron a las personas que reciben el subsidio ‘Potenciación Laboral’ a hacer un aporte mensual” del 2% de los salarios que reciben del Ministerio de Desarrollo Social.

En los fundamentos, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 9 reproduce las declaraciones periodísticas de Solano quien aseguró que en el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que recibe un plan. Ese 2% sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, la renta de los comedores y merenderos, y los costos de logística y transporte de la mercadería. El trabajo de impulso cuesta $ 19,000, estamos hablando de $380″.

En su relato, Marijuan razona que el diputado bonaerense “admitió que un porcentaje de la ayuda iría a parar a la organización”.

Horas después de ese reconocimiento, y antes de una consulta de información, la Junta Directiva del Polo Obrero, a través de Belliboni, confirmó el hecho. Según su versión, se trata de “un aporte voluntario votado en las asambleas” y que en esas mismas reuniones “se contabilizan sistemáticamente los ingresos y gastos y se aprueba colectivamente el destino de los recursos que corresponden a todos y cada uno de los compañeros”.

Fiscal federal Guillermo Marijuan (centro) denunció a Gabriel Solano (izquierda) y Eduardo Belliboni por los presuntos delitos de extorsión y amenazas
Fiscal federal Guillermo Marijuan (centro) denunció a Gabriel Solano (izquierda) y Eduardo Belliboni por los presuntos delitos de extorsión y amenazas

La OP cuenta con cerca de 60.000 afiliados que son beneficiarios del Programa Fomento al Trabajo. Si a cada uno se le retiene, ya sea compulsiva o voluntariamente, la suma de $380, el saldo sería de unos 22.800.000 pesos mensuales. La cifra anualizada, según publica en exclusiva este medio, ascendería a 273.600.000 pesos.

Para el fiscal federal, las circunstancias “de hecho” descritas son suficientes para entender que “existen elementos de entidad suficiente para formular la denuncia penal correspondiente a fin de la presunta comisión de los delitos previstos y reprimidos en los artículos 149 bis y 168, ambos del Código Penal, sin perjuicio de que el avance de la investigación permita enmarcar las conductas ilícitas en otros tipos penales.”

El artículo primero corresponde al delito de amenazas, que se castiga con pena de seis meses a dos años de prisión; la segunda a corresponde al delito de “extorsión” cuya pena es “reclusión o prisión de cinco a diez años”.

En su presentación legal, Marijuan entiende que se debe “determinar definitivamente la comisión de los hechos denunciados, ya que muchas personas en estado de necesidad se verían obligadas a realizar determinadas acciones o a entregar parte de los dineros públicos que reciben de los planes sociales a dirigentes de distintas organizaciones sociales y políticas”..

En el escrito, el fiscal entiende que existen motivos suficientes para investigar “la presunta conducta delictiva que podrían estar realizando Gabriel Solano y Eduardo Belliboni -sin perjuicio de la complicidad o participación de otras personas-“.

Como medidas de prueba, Marijuan solicitó que: “El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Desarrollo Social, ambos de la Nación, se liberen para informar la cantidad de planes de inserción laboral, denominados ‘Fomenta el Trabajo’, que fueron otorgados a personas vinculadas al Partido Obrero, desde su creación en 2020″.

También pidió que se haga saber “si en dichas agencias estatales sy registran denuncias por solicitudes de dinero de los beneficiarios de este plan a cambio de su concesión y, en su caso, si se iniciaron expedientes administrativos o si se interpusieron las correspondientes denuncias en sede judicial.

Fiscal federal Guillermo Marijuan denunció a dirigentes del Polo Obrero por quedarse con el 2% del patrimonio de los beneficiarios del programa Empoderar Trabajo (Adrián Escandar)
Fiscal federal Guillermo Marijuan denunció a dirigentes del Polo Obrero por quedarse con el 2% del patrimonio de los beneficiarios del programa Empoderar Trabajo (Adrián Escandar)

Por último, llamó a los “gobernadores de todas las provincias del país, así como a los alcaldes de cada municipio de la provincia de Buenos Aires, a informar si han recibido denuncias, a través de sus órganos de gobiernoen razón de los ilícitos aquí revelados”.

Según un reporte del Ministerio de Desarrollo Social publicado por este medio, “alrededor de 7.000 inscritos a Mejora Laboral se manifestaron Situaciones de abuso, irregularidades con las tareas a realizar, exigencia de pago de cuota o aportes, amenazas de bajas y obligación de acudir a marchas o movilizaciones”.

De ese total, unas 900 personas “declararon haber recibido algún tipo de amenaza”; más de 3.000 expresaron la demanda de un bono o cuota en función de la contribución a la organización”; otros 1.400 señalaron “presiones para asistir a marchas o movilizaciones” y alrededor de 1.700 titulares del programa Empoderar Trabajo describieron “maltrato por parte del referente o de la organización al solicitar un cambio de Unidad de Gestión”.

consultado por Infobaedel Ministerio de Desarrollo Social precisó que: “Las situaciones expresadas por los beneficiarios que pudieran representar algún tipo de irregularidad, fueron remitidos al equipo que atiende las denuncias para avanzar en las investigaciones y en caso de encontrar pruebas, remitir la denuncia a la justicia”.

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, está a cargo del programa Empoderar al Trabajo
El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, está a cargo del programa Empoderar al Trabajo

Es probable que este mismo informe se incorpore a la denuncia del fiscal de Marijuan si el caso gana volumen y avanza como aspira el propio funcionario judicial.

Tras la publicación de este medio sobre el retiro, retención o aporte voluntario que aplican las organizaciones sociales a los beneficiarios de los planes sociales que actúan en dichos espacios, el gobierno de Axel Kicillof decidió abrir una línea telefónica de reclamos para denunciar este tipo de prácticas.

“Si vives en la provincia de Buenos Aires y eres beneficiario de Programas Sociales, recuerda que tienes derecho a recibir la totalidad del beneficio. Nadie puede retener o quitar una suma de dinero que le pertenece”, explican desde el gobierno desde un spot que anunció el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de Buenos Aires, Andrés Larroque.

Ahora será la justicia federal la que deberá esclarecer el tema y determinar si el Polo Obrero sustrae compulsivamente parte de los bienes que recibe del Estado Nacional por las cuatro horas de trabajo que realizan en las Unidades de Gestión.

El legislador bonaerense Gabriel Solano reconoció que el Polo Obrero descuenta el 2% a los beneficiarios de la Obra Eléctrica
El legislador bonaerense Gabriel Solano reconoció que el Polo Obrero descuenta el 2% a los beneficiarios de la Obra Eléctrica

Hasta ahora, la difusión de la reducción del 2% que hizo el PO a cada uno de los beneficiarios del Fomento Laboral fue calificada por Solano y Belliboni como “una campaña sucia contra el Polo Obrero, funcional al ajuste del gobierno”.

El Empower Work es el principal programa de la cartera a cargo de Zabaleta. Este año tiene un presupuesto asignado de 243.126.690.730 pesos que se destinan a 1.271.215 titulares activos. Quien gestiona y coordina este programa es Emilio persa, el secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita, que forma parte del Frente de Todos. Ese dinero se deposita en la cuenta del Banco Nación que tiene cada uno de los beneficiarios.

Teniendo en cuenta este mecanismo, y en caso de ser llamados a declarar, Solano y Belliboni deberán explicar cómo cada uno de los beneficiarios “aporta” la cuota “votada en asamblea”, dónde se depositan esos millones y exactamente cómo y de qué manera. que se utilizaron fondos públicos destinados a los sectores más vulnerables.

Según Belliboni y Solano, con ese dinero financiarán comedores, merenderos y ollas populares, Pero si en lugar de eso, o además de estas actividades, parte del dinero de los impuestos se utilizara para pagar la logística de las marchas, canchas y campamentos, ¿se podría configurar otro tipo de delito? Pregunta e inquietudes que solo la justicia puede responder.

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