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Bariloche: sobreseyeron a un prefecto que baleó a un joven por incumplir el aislamiento durante la pandemia

Un operativo durante la ASPO en Bariloche
Un operativo durante la ASPO en Bariloche

un miembro de la Prefectura Naval Argentina fue despedido en un caso penal después de Baleares con armas antidisturbios y truenos a un joven que había incumplido el aislamiento obligatorio ordenado por el Gobierno durante la primera etapa de la pandemia.

El Tribunal Oral Federal de General Roca declaró extinguida la acción penal tras aceptar un acuerdo entre las partes, en el que El uniformado pagó 70.000 dólares al joven baleado como “indemnización integral por los daños”.

El hecho ocurrió en un barrio ubicado en la zona sur de Bariloche durante la madrugada del 5 de mayo de 2020, cuando la restricción para circular, establecida a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297/2020, era casi total.

Por disposición de la Secretaría de Seguridad de la Nación, las fuerzas federales se incorporaron a las tareas de control de las medidas de aislamiento e iniciaron patrullajes en las principales ciudades del país, especialmente en los momentos en que no estaba permitida la circulación.

En ese contexto, un celular de la Prefectura Naval Argentina fue alertado a través del sistema de cámaras del municipio local sobre la presencia de vehículos en un barrio ubicado en las afueras de Bariloche. Los integrantes de esa fuerza acudieron al lugar y vieron la presencia de una motocicleta, cuyo conductor intentó darse a la fuga, a pesar de la fuerte voz de los uniformados que participaban en el operativo.

Luego de perseguirlo por unas 20 cuadras, el prefecto que lo acompañaba en el celular oficial -un Cabo Primero que trabajaba como escopetero- disparó cuatro tiros, combinando munición antidisturbios y trueno..

Dos de los proyectiles impactaron en las piernas del motociclista, a la altura de los gemelos, causándole heridas leves. De ese hecho, El herido denunció al uniformado por la presunta comisión de los delitos de lesiones leves calificadas, abuso de armas y abuso de autoridad.

De acuerdo con la información que consta en el expediente del proceso judicial, el autor de las lesiones debió asistir a dos audiencias -realizadas durante el mes de mayo- en las que las partes acordaron resolver el conflicto penal por una “vía alternativa”, que llevar luego a la extinción del procedimiento judicial.

En ese marco, el prefecto propuso “indemnizar” al joven al que disparó con 70.000 dólares, lo que fue aceptado por el herido como “reparación” por los daños que sufrió, tras incumplir el aislamiento que había ordenado el Gobierno Nacional.

El uniformado que fue procesado por el episodio fue sobreseído de culpa y acusación, con base en el acuerdo alcanzado ante el Juzgado interviniente. él mismo se pone “dictar la destitución del uniformado y declarar la extinción de la acción penal”después del desembolso del dinero ofrecido por el prefecto a su víctima.

El Tribunal Oral de General Roca, con la firma del juez Alejandro Silva, sobreseyó al uniformado y ordenó la extinción de la acción penal, también conforme a lo dispuesto por el fiscal Rafael Vehils Ruiz mediante el dictamen 342/22.

Silvia contempló el artículo 59 del Código Penal, que establece nuevas causales de extinción de la acción penal, entre las que se encuentra la reparación integral del daño, y la búsqueda de soluciones alternativas para la resolución de conflictos.

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