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José Alperovich pidió un jurado popular para ser juzgado por la violación de su sobrina

Alperovich en el Senado, donde fue puesto en licencia pendiente de investigación.
Alperovich en el Senado, donde fue puesto en licencia pendiente de investigación.

Exgobernador de Tucumán José Alperovich Pidió que un jurado popular se haga cargo del juicio en el que se le acusa de abusar sexualmente y violar a su sobrina. “Que el pueblo, en democracia, juzgue si los hechos que se me atribuyen son reales o no”, dijo el también senador nacional en su presentación judicial. Para eso, propuso que el caso pase a la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, donde una ley reciente aprobó el juicio por jurado. Pero la Justicia rechazó la propuesta, la defensa la apeló y anunció que acudirá con su demanda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Alperovich, tres veces gobernador de Tucumán de 2003 a 2015, fue procesado a principios de mayo por el juez de instrucción Osvaldo Rappa por tres hechos de abuso sexual simple y seis de abuso sexual agravado por haber tenido acceso carnal contra su sobrina en 2017 y 2018, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en Tucumán mientras ella trabajaba para él. Los abusos y violaciones fueron “abuso de poder y autoridad mediatizados” que por ello y por el tiempo que duraron “provocaron en la víctima un sometimiento sexual ultrajante”.

El exgobernador fue procesado tras el análisis de diferentes pruebas. Entre ellos, conversaciones de WhatsApp con la víctima. “Eres muy rígido, tienes que entregarte y aprender a disfrutar”, “eres mi dueño”, “te quiero mucho”, y “siempre te protegeré”, fueron algunos de esos mensajes. “Mientras estaban sentados en un sillón, el imputado se le acerca, le quita el pantalón y la ropa interior, mientras expresa ‘mira como me pones’. A su vez, le quita la ropa a la denunciante y la obliga a tocarse el miembro. Luego, la lleva a la fuerza a la habitación y le practica sexo oral a la denunciante, mientras ella trataba de quitárselo de encima, diciéndole que no lo hiciera, que se detuviera, que no quería”, fue una de las hechos -de 9 de marzo de 2018- que constan en el expediente.

La defensa no apeló y por lo tanto la acusación fue definitiva para pasar a la etapa de juicio oral. El fiscal del caso Santiago Vismaray la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra la Mujer (UFEM), Mariela Labozzetta, y la demanda que representa a la víctima, Pablo Rovatti, a cargo del Programa de Asistencia y Patrocinio Legal a Víctimas del Delito de la Defensoría General de la Nación, solicitó su enjuiciamiento.

Todo encaminaba a que el caso pasara a un tribunal oral. Pero Alperovich…que era senador nacional mientras estaba siendo investigado y solicitó excedencia en el cargo sin que el Senado analizara su conducta para la expulsión– Cambió la estrategia. Pidió no ser juzgado por jueces, sino por un jurado de personas. “Lo he pensado con mi familia, abogados, y quiero ser juzgado en los términos que establece la Constitución Nacional, a través de un jurado popular. Que el pueblo, en democracia, juzgue si los hechos que me atribuyen son reales o no”sostuvo con sus abogados, Mariano Cuneo Libarona y Augusto Garridoen su presentación de principios de junio, a la que accedió Infobae.

El jurado popular está formado por ciudadanos -en general son 12- elegidos por sorteo de entre las personas que cumplen una serie de requisitos para serlo. Son los únicos responsables de decidir si el imputado es culpable o inocente, para lo cual, según la ley y el delito, necesitan alcanzar un determinado número de votos. No imponen pena de prisión en caso de decidir su culpabilidad, lo que hace el tribunal de jueces profesionales. Lo que el jurado decida no puede ser apelado.

Según la Asociación Argentina de Juicios por Jurado -entidad civil integrada por jueces, abogados y defensores oficiales-, 11 provincias del país cuentan con leyes de jurado popular.. Son la ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Chaco, Río Negro, San Juan, Buenos Aires, Neuquén y Córdoba, cada una con distintas modalidades en la integración de los jurados y en los delitos que juzgan.

La causa está en el Tribunal Nacional de Instrucción donde no hay jurados populares. El juicio por jurado está en la Constitución Nacional pero el Congreso nunca aprobó la ley que lo regula para la justicia nacional. Sí, varias provincias lo hicieron. Entre ellos, la ciudad de Buenos Aires que en septiembre del año pasado la Legislatura aprobó la ley 6451. Allí se constituyó un jurado de 12 ciudadanos que debe decidir la culpabilidad o inocencia de los imputados. Es obligatoria para los casos de delitos con pena igual o superior a 20 años.

El jurado popular en un proceso que se desarrolló en la provincia de Buenos Aires, una de las provincias que cuenta con el sistema (Foto: NA)
El jurado popular en un proceso que se desarrolló en la provincia de Buenos Aires, una de las provincias que cuenta con el sistema (Foto: NA)

Así, la defensa de Alperovich solicitó que el caso sea trasladado a la Justicia de la Ciudad. El exgobernador se basó en la autonomía de la ciudad de Buenos Aires para tener su propia Justicia. Pero los tribunales de Buenos Aires no tienen todos los delitos que ocurren en la ciudad. En materia penal hay un traspaso paulatino y muchos delitos aún se juzgan en los tribunales nacionales. Eso se debe a una disputa política en la transferencia que causa retrasos.

Para el exgobernador, los delitos por los que se le acusa -abuso sexual y violación- podrían alcanzar una pena de 20 años de prisión, el piso de pena que establece la ciudad para un juicio con jurado. La defensa también argumentó que si hay una demora en el traslado de los delitos, no le quita el derecho a ser juzgado en los tribunales bonaerenses.

“La Constitución Nacional establece la competencia del poder judicial de la ciudad de Buenos Aires para el juzgamiento de los delitos cometidos en su jurisdicción, y que la demora en concretar el traslado no impide la asunción de esa competencia a través de los jueces, quienes deben asegurar -entre otras cosas- que la gente acuda a los tribunales locales para la resolución de conflictos como lo establece la Carta Magna”, dijo.

Pero los fiscales y la demanda se opusieron. Señalaron que la competencia del caso fue resuelta por la Corte Suprema el año pasado cuando sostuvo que el caso correspondía a la Justicia nacional y no a la de Tucumán, en una disputa entre ambos tribunales. También señalaron que los delitos sexuales por los que se acusa a Alperovich no fueron trasladados a la Justicia de la Ciudad, por lo que el expediente debe continuar en la justicia nacional.

“El imputado pretende en última instancia ser juzgado en una forma que aún no ha previsto el Congreso Nacional y que, sin un andamiaje legislativo, difícilmente podría ser instrumentado de manera ad hoc por los tribunales de justicia de la nación”. Rovatti sostuvo en su dictamen en el que también sostuvo que la propuesta de Alperovich “Simplemente parece dilatorio”.

El juez Rappa estuvo de acuerdo y rechazó la solicitud del ex gobernador. “Tomando en cuenta que estas acciones fueron iniciadas e investigadas en esta jurisdicción, que el tema de la jurisdicción ya fue resuelto por el máximo tribunal del país, además de que el delito que se le imputa a Alperovich aún no ha sido trasladado a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la declaración de incompetencia a la capital en esta etapa procesal en la que ya se ha decretado el procesamiento de los imputados es improcedente, ilegítima y atentaría contra la celeridad y economía procesal que debe regir en todo archivos; Por tanto, procede rechazar sin más la propuesta presentada por la defensa, con imposición de costas por no tener motivo plausible para litigar”, resolvió el magistrado a fines de junio, agregando que “dar cabida a la propuesta que a mi juicio es demasiado dilatoria a estas alturas del proceso por parte de la defensa”.

La defensa de Alperovich apeló el fallo ante la Sala Penal. Allí el caso estuvo a cargo de la camarera de la Sala VI Ignacio Rodríguez Varela el cual convocó a las partes a audiencia oral para el 9 de agosto. Luego fallará el magistrado. Pero cualquier decisión que tome será apelada nuevamente. Por lo tanto, la elevación del caso a juicio podría retrasarse. El exgobernador avanzó en el caso que llevará su reclamo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires.

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