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La Cámara Federal pidió que vuelvan a investigar a Cristina Kirchner en otra causa ligada a los Cuadernos

Cristina Kirchner en su departamento de la calle Uruguay.  Allí se entregaban parte de los sobornos, aseguró Centeno.
Cristina Kirchner en su departamento de la calle Uruguay. Allí se entregaban parte de los sobornos, aseguró Centeno.

los Cámara Federal Confirmó este viernes el enjuiciamiento del exsecretario de Planificación Roberto Barata y un grupo de empresarios, en un fallo que confirma que la prueba de la convocatoria “porque cuadernos”, donde el vicepresidente cristina kirchner La acusan de ser la cabeza de una asociación ilícita que cobraba sobornos, no solo en base a las notas del taxista centeno oscar pero también en otras pruebas y en las confesiones hechas por los arrepentidos.

Si bien la causa principal ya se encuentra en juicio oral, existen algunos hechos puntuales que aún no han sido suscitados y están siendo investigados. En ese contexto, el juzgado indicó que en estos casos que continúan en etapa de investigación “Aún habría que definir la posible responsabilidad de otros codemandados en relación con algunos de los hechos”. Entre ellos aparece la vicepresidenta Cristina Kirchner. Es que el fallo analizó las coimas entregadas por empresarios y, por tanto, Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi aseguran que habría que investigar quién recibió ese dinero.

“Sobre este hecho -incluido en el auto que nos ocupa-, las notas de Centeno indican que el dinero recibido por Baratta y Lazarte fue posteriormente llevado al domicilio de la calle Uruguay 1306 y entregado a Daniel Muñoz (según copias de la libreta del año 2010). Quedaría por evaluar la posible responsabilidad en este hecho de los demás coacusados”, indicó el fallo. Daniel Muñoz fue secretario de Néstor Kirchner y falleció en 2016. Su enriquecimiento y lavado de dinero forman parte de otra investigación adjunta al expediente de la libreta.

Así se pronunció la Sala I de la Cámara Federal al analizar los recursos a trámite firmados en febrero pasado por el juez federal Julián Ercolini. Allí, el circuito del dinero que llegó a manos de Daniel Muñoz, el fallecido secretario de Néstor Kirchner que lavaba dinero en el exterior, pero también se notó la dirección de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Muchos de los arrepentidos ahora quieren mejorar su situación y sugieren que el dinero entregado era para “política”. Ese es el caso de Hugo Dragonetti y Julio Balán, dos de los empresarios cuya acusación fue confirmada hoy. Es que la estrategia de algunos empresarios es sugerir que el dinero que le dieron a Baratta era aportes a campañas políticas. Fue después de que dos empresarias lograran mantenerse al margen del juicio oral con esa explicación. Ahora son varios los que quieren que sus acciones sean investigadas por la justicia electoral.

El fallo de la Cámara Federal subrayó que este caso analiza “el circuito de cobro ilegal establecido desde el interior de la Administración Pública Nacional (PEN) entre 2003 y 2015, el cual se nutrió de los dineros entregados por las distintas empresas contratistas del Estado con el fin de asegurar la adjudicación de contratos de obras públicas, concesiones y otros beneficios que dependieran -directa o indirectamente- de la voluntad administrativa”. Y sostuvo que “las pruebas recabadas exceden el marco de los “cuadernos” y su ratificación por parte de Oscar B. Centeno (chofer de Roberto Baratta) cuando declaró arrepentido”.

“Las diligencias probatorias ordenadas en el sumario han permitido establecer la direcciones indicadas, la propiedad de los vehículos mencionados, verificar las comunicaciones entre los protagonistas y precisar las fechas y demás detalles de los hechos de entrega. Asimismo, existen aportes de varios imputados -particulares y exfuncionarios- en el marco de los convenios de colaboración suscritos al amparo de la Ley 27.304, que concuerdan sustancialmente con el relato del exconductor y agregan información sobre la operación investigada. Con base en estos elementos, procede entonces desestimar los agravios que aludían a los ‘cuadernos’ como única prueba”, indicó.

La aportación a la política, la doble persecución y un soborno a plazos

El empresario Hugo Dragonetti (@estacionminera)
El empresario Hugo Dragonetti (@estacionminera)

La defensa de Dragonetti había argumentado en su apelación que era un aporte voluntario que respondía a la relación de su asistido con el Partido Justicialista, a la que estuvo afiliado y en la que ocupó diferentes cargos a nivel distrital. También había dicho que en su momento exigió a Barata los recibos de esos aportes, para acceder a una deducción fiscal, pero nunca se los entregaron. Sin embargo, la Sala sostuvo que la decisión del juez Julián Ercolini debía ser confirmada y en todo caso, dado que la causa principal ya había sido llevada a juicio, discutirla en esa instancia: allí con todas las pruebas, “se alcanzará certeza sobre el destino del aporte monetario imputado.”

Es que, para Bruglia y Bertuzzi, por el momento, “las constancias en los autos determinan la vinculación del hecho reprochado con los contratos o procesos de contratación relacionados con Panedile”. Además, Baratta, entonces subsecretario de Coordinación, “no actuó solo como funcionario individual, sino como referente de la cartera ministerial donde revisó y en el rol que jugó dentro de la estructura de recaudación ilegal -paralela a la organización administrativa”.

En ese sentido, la Cámara Federal agregó que “respecto de Juan Mauricio Balán y, al igual que Dragonetti, No es la existencia de las entregas de dinero lo que está en cuestión, sino su finalidad. En ese sentido, según su defensa, no estaban relacionados con la contratación de su empresa, sino con las campañas electorales de esos años. Sin embargo, aún cuando se trata de una posible alternativa, no puede desconocerse que los pagos ameritados en la prórroga de su proceso, ocurridos el 15/07/2013 y el 30/07/2015, fueron reconocidos por él en su declaración como imputado arrepentido. y que Juan F. Secco SA -empresa dedicada al suministro de energía eléctrica- era contratista del Estado Nacional y participaba en licitaciones en la órbita del entonces Ministerio de Planificación Federal.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi también confirmaron la acusación para el empresario Alberto Taselli, quien subrayó que extendieron un proceso por una entrega de dinero de 2013 a Nelson Lázarte, Mano derecha de Baratta, quien ya estuvo involucrado en la primera parte del caso y por lo tanto hubo una doble persecución.

“El hecho al que alude la defensa no fue incluido en tiempo y forma en el auto de elevación a juicio dictado en estos autos. Puede concluirse, entonces, que la declaración realizada como fundamento de la propuesta deducida no concuerda con los autos de la causa”, respondió el fallo. “Por otra parte, no se observa una doble persecución penal por un mismo hecho en sentido estricto, pues no se trata de dos procesos judiciales (sucesivos o simultáneos) con identidad personal y fáctica, sino de la misma causa. Por lo tanto, dos casos no concurren. diferentes procesos judiciales en relación con un mismo imputado y una misma hipótesis fáctica, por lo que en este caso no existe vulneración de la garantía contra el ne bis in ídem”, señalaron los magistrados.

Video de archivo: Oscar Centeno contó cómo fue el circuito de recaudación

Era diferente para el empresario. Claudio J. Glazman. En su caso, la defensa aseguró que “las tres entregas de dinero que componen el objeto procesal de este hecho no constituyeron hechos autónomos sino parte del mismo y único delito por el que ya había sido procesado y llevado a juicio. Este tema también lo planteó la defensa de Hernán Gómez, procesado por haber recibido el dinero. Y también entiende la situación de Roberto Baratta, imputado como coautor del crimen -Gómez actuó en estos casos bajo sus directivas-. Analizando la pregunta formulada, se advierte que los argumentos de las defensas valen la pena. Pues bien, efectivamente los hechos objeto de esta incidencia se enmarcan en el marco fáctico de un único delito de cohecho, ya sea en su modalidad activa o pasiva. Por eso se revocó en este punto la ampliación de la acusación de Glazman y, por tanto, la de Hernán Gómez, funcionario de Planificación, y Baratta.

Finalmente, la sentencia suspendió el proceso a la acusada Claudio Alberto de Lassaletta por “incapacidad sobrevenida”.

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