Saturday , September 24 2022

Confirmaron las condenas a tres concejales de Salta por cobrar el IFE durante la pandemia

Una de las audiencias judiciales con los concejales acusados.
Una de las audiencias judiciales con los concejales acusados.

Chambelán Gustavo Hornos confirmó condena de tres regidores de la provincia de Salta por cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia a pesar de su condición de servidor público. Únicamente, con base en el nuevo Código Procesal Penal Federal, Hornos rechazó las recusaciones y absolvió a otro concejal que había sido condenado. El caso había ingresado a la Cámara de Casación en junio de este año.

En la resolución, que fue acordada InfobaeHornos confirmó las condenas de Paola Sandra Cantarella -a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución condicional-, Jesús Ernesto Cuéllar -a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución condicional- y José Osvaldo Reynaga -a la pena de un (1) año de prisión de ejecución condicional- por el delito de defraudación a la administración pública. En el caso de Reynaga, fue condenado por el mismo delito, pero en grado de tentativa.

Hornos destacó que el crimen se cometió en medio de la pandemia. “Es especialmente relevante volver a mencionar el contexto en el que se realizaron las maniobras investigadas. Es que la conducta reprochada a los señalados se dio en el marco de una situación excepcional, como lo es la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, y las distintas medidas llevadas a cabo por el Estado Nacional tuvieron como objetivo tratar de paliar la crisis económica que atraviesa. generado diferentes sectores de la población”, dijo.

Total, más de 50 concejales fueron investigados por haber supuestamente recibido el subsidio dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional para mitigar los efectos económicos de las medidas sanitarias: 47 de ellas acordaron con la Justicia evitar ir a juicio y tuvieron que devolver entre todos una suma total de 1.559.000 pesosel cual fue destinado a 45 entidades de bien público, como comedores populares y hospitales.

Testigos declarando en el juicio oral por el cobro del IFE en Salta
Testigos declarando en el juicio oral por el cobro del IFE en Salta

Por ese escándalo hubo al menos dos juicios. En el segundo caso, el Tribunal Oral en lo Penal Federal N° 1 de Salta, integrado únicamente por el juez Mario Marcelo Juárez Almaraz, condenó a cuatro concejales.

En el caso de Nicolasa Maras, funcionaria de la localidad de Los Toldos, fue condenado en primera instancia a un mes de prisión y dos meses de suspensión para el ejercicio de un cargo público porque había salario renunciado porque no quería perder sus planes sociales y en medio de una pandemia cargó contra el IFE.

Finalmente, Maras fue absuelta porque se detectó que recibió el beneficio por un error administrativo. “De los distintos elementos incluidos en el caso, no es posible atribuir el resultado lesivo -disposición patrimonial en perjuicio de las arcas públicas- a ninguna conducta -comisión u omisión- perpetrada por Maras, desde la concesión del beneficio y su la liquidación respectiva fue producto de un error administrativo ajeno al señalado; Esta situación fue la que provocó su inclusión como beneficiaria y pago del IFE, ya que la persona señalada seguía recibiendo otras ayudas sociales”, dijo Hornos.

En ese mismo juicio, el tribunal uninominal también falló la absolución de otros tres concejales. Dos de ellos, Santos Palma y Julio Pedro Laxi, de las localidades de Animaná y Rivadavia Banda Norte, a pedido de la fiscalía, que inicialmente también les había imputado el delito de incumplimiento de deberes de servidor público. Finalmente, el tercero Héctor Sebastián Cari, regidor de Guachipas, fue absuelto por el beneficio de la duda.

El Decreto 310 del Poder Ejecutivo Nacional que instaló el IFE estableció que la cantidad de 10.000 pesos no podía ser percibida por personas con relación de dependencia o que fueran funcionarios públicos.

El fiscal de la causa, Ricardo Rafael Toranzos, destacó que la maniobra hizo que otros ciudadanos, que sí reunían las condiciones de necesidad del beneficio, no lo recibieranlo cual fue ratificado por un funcionario de la ANSES que declaró en el juicio.

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