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Avanza la investigación por irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial

La sede de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación

el juez federal ariel ordenó dos allanamientos que se realizaron ayer en la causa en la que se investigan irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).

La OSPJN brinda servicios de salud al personal de los tribunales federales y nacionales en todo el país, depende funcional y administrativamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más específicamente del despacho del ministro. Juan Carlos Macqueda.

El juez Lijo investiga una denuncia realizada por el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) en la que se señala que existían contratos irregulares con empresas ficticias y que existía un sistema de atención VIP para ciertos afiliados con relación de dependencia o familiar con Maqueda, quien nombró Aldo Tonón como director de la Obra Social del Poder Judicial.

Tonón -amigo de Maqueda- llegó al cargo por recomendación del exministro de Salud, Ginés González García. De hecho, quienes conocen a fondo los secretos del Poder Judicial señalan que el exministro de Salud tuvo y tiene especial interés en los destinos de la OSPJN por su estrecha relación con Maqueda.

En el mismo expediente también se denunció que dos empresas radicadas en Córdoba, provincia de donde proviene Maqueda, habrían obtenido contratos irregulares para prestar servicios en la Obra Social del Poder Judicial desde la llegada de Tonón a la dirigencia. Una de estas empresas es Urgencias Médicas Integrales (EMI) y la otra es Farmandat. El primero ofrece un servicio de atención de urgencias. El segundo fue un control de las recetas que se presentaban en las farmacias de todo el país. Respecto a la segunda empresa, la denuncia indicaba que se trataba de una empresa fantasma.

El juez de la Corte Juan Carlos Maqueda (Adrián Escandar)
El juez de la Corte Juan Carlos Maqueda (Adrián Escandar)

La denuncia fue realizada el año pasado y luego de la ratificación personal realizada por el secretario general del SITRAJU, Hernán Bruerael fiscal Carlos Stormelli en su solicitud de instrucción por la cual impulsó la investigación, limitó la investigación a las irregularidades en la contratación de las dos empresas señaladas.

Los allanamientos en EMI y Farmandat los llevó a cabo ayer el Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina. En tanto, en la sede de la Obra Social del Poder Judicial se realizó un auto de presentación mediante el cual el juzgado de Lijo solicitó información relacionada con la contratación de EMI y Farmandat.

Según explicaron fuentes judiciales, durante el allanamiento a la sede de EMI en la capital cordobesa se encontraron numerosas carpetas relacionadas con el contrato suscrito entre la empresa y la OSPJN.

Mientras tanto, la situación con la empresa Farmandat era diferente. Cuando la policía federal llegó a la sede de la empresa en la provincia de Córdoba, les dijeron que se habían mudado hacía tres meses. Y cuando allanaron la sede de la firma en la Ciudad de Buenos Aires, encontraron allí otra empresa que ofrece servicios de medicina prepaga y que tiene arrendado el lugar desde hace mucho tiempo. Es decir que la empresa no aparece.

Desde que comenzó la investigación, diversas informaciones han llegado al juzgado. Por ejemplo, es parte del archivo. la lista de todos los empleados de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, también un detalle de cuánto gana cada uno por su trabajo y quiénes conforman el área de Tesorería.

La causa que se presenta en el Juzgado de Lijo, está etiquetada como “Tonón, Aldo y otros sobre abuso de autoridad e infracción de deberes de funcionario público (art. 248) y malversación de caudales públicos (art. 261)”.

Pero ese no es el único caso en el que se investigan irregularidades en el juzgado federal 6, actualmente subrogado por Daniel Rafecas hay una causa iniciada anteriormente también por irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

En este caso, que se delega a la fiscalía de Carlos rivolo, Se investiga la denuncia realizada por un empleado del área informática de la Obra Social, que revela varias irregularidades más.

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Sistema informático obsoleto, concentración de decisiones y aumento desmesurado de personal: el duro informe sobre la obra social del Poder Judicial

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